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Vacunas: cuando cuestionarlas sin evidencia genera riesgos

Argentina tuvo su primera gran polémica generada por un grupo antivacunas. Ocurrió la semana pasada, cuando la diputada Paula Urroz, de Unión Pro, presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto que impulsaba la creación de un sistema de consentimiento informado para la vacunación, en clara contradicción con la obligatoriedad establecida por ley desde 1983. 

La iniciativa fue rápidamente rechazada por la comunidad médica y académica, e incluso por el propio bloque oficialista que – en un comunicado – sostuvo que el proyecto respondía a una “iniciativa individual”. Sin embargo, el hecho visibilizó un fenómeno que ocurre en varios países del mundo: la influencia que ejercen sectores que, con escasos fundamentos científicos, cuestionan la efectividad de las vacunas como herramientas para el control de enfermedades. Un bien social 
En la apertura del debate, la infectóloga integrante de la comisión directiva de la SADI ex directora del Programa de Inmunizaciones de Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó por qué las vacunas son obligatorias en Argentina y en otros países de Latinoamérica. “Son consideradas un bien social, que está por encima de lo individual. La persona que recibe una vacuna se beneficia en forma directa y de manera indirecta, a toda su comunidad. Si logramos los niveles de cobertura que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son del 95% de la población objetivo, ante un evento determinado de una enfermedad toda la población va a estar protegida, porque no van a haber individuos susceptibles y la cadena de transmisión se va a cortar. Ese es un plus que tiene las vacunas: la solidaridad”, dijo. 

La ex funcionaria de la cartera sanitaria también destacó el hecho de que cada una de las vacunas que son incluidas en el calendario nacional son sometidas a un proceso complejo de evaluación, basado en evidencias, que está a cargo de especialistas que hacen monitoreos específicos. “También hay una comisión de seguridad, que analiza todos los efectos adversos y los clasifican. Es decir, que para tomar cada una de esas decisiones se ponen en la balanza muchos ejes”, aseguró. 

Respecto a la proliferación de grupos que cuestionan la seguridad de esta política de salud pública, la especialista consideró que Argentina está en un momento clave para revertir el posible impacto que pueden tener. “Hay países en los que ese perdió la confianza a las vacunas por movimientos basados en escasos contenidos científicos. Tenemos que trabajar todos juntos para que eso no pase acá y eso se logrará instalando el mensaje de que el riesgo de morir o tener graves consecuencias por contraer la enfermedad es muchísimo más alto que el de experimentar un efecto adverso asociado”, resaltó Vizotti. 

Respuestas oportunas
Otro de los participantes de la mesa de debate fue el investigador y pediatra infectólogo chileno Miguel O’Ryan, quien repasó las dificultades que se atravesaron en su país cuando en 2014, el Congreso aprobó una ley que establecía la prohibición del uso de vacunas que contengan timerosal. Este componente, que es un conservante que se usa en formulaciones multidosis, fue asociado con casos de autismo en estudios que fueron refutados por otras investigaciones. 

“Desde las sociedades científicas impulsamos múltiples reuniones con los grupos antivacunas para poder llegar a un acuerdo. Finalmente, se logró el veto presidencial en base a un nuevo informe que comprueba que no hay evidencia científica que demuestre la relación entre el Timerosal y el autismo”, repasó durante su ponencia. 

Para O’Ryan, la principal lección que dejó el caso chileno para el resto de Latinoamérica tiene que ver con la importancia de que la respuesta por parte de la comunidad académica y médica sea oportuna. La pasividad de estos sectores, consideró, fue lo que permitió el avance de los proyectos legislativos con escasos fundamentos. 

“Los médicos con posturas antivacunas deben ser identificados y confrontados por sus pares. No pueden rechazar una herramienta basada en la ciencia. Son profesionales que tienen un título que está sustentado en principios científicos. No se debe aceptar que sostengan que su pensamiento es más válido que la evidencia que sustenta su titulación”, opinó. 

Comunicación efectiva
La directora emérita de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Mirta Roses, también integró el panel y advirtió sobre las precauciones que hay que tener para trabajar con los grupos que cuestionan la vacunación. “Hay que escuchar y entender las posiciones en contra y encontrar vías de diálogo, basadas en buenos argumentos científicos”, recomendó y destacó la importancia de mantener la transparencia de los registros públicos, con canales efectivos para que los médicos y enfermeros denuncien reacciones adversas. 

“Debemos hacer hincapié en que las vacunas cubren un espectro muy amplio de enfermedades y hablar sobre ellas como un acto de amor, que supera a nuestro egoísmo y apela a nuestro altruismo”, propuso Roses.

Por su parte, la doctora en Biología Molecular y docente de la UBA, Guadalupe Nogués, se centró en la importancia de desarrollar estrategias de comunicación efectiva desde el estado y a través de la comunidad médica, que estén especialmente orientadas hacia los grupos que tienen cuestionamientos. “Las personas que se oponen a las vacunas no son todas iguales. Tienen distintas preocupaciones y deben existir diferentes formas de comunicarnos con ellas, pero hay algo que tienen en común, que es la resistencia a la evidencia científica”, consideró. 

En su presentación, aseguró que “los grupos antivacunas son un claro ejemplo de la posverdad: son personas que tienen la información, pero eligen hacerla a un lado”. “Las evidencias no importan tanto y eso genera un gran desafío para lograr una comunicación efectiva. Hay pocos antecedentes sobre el tema, principalmente en países anglosajones, pero es un buen momento para que en Argentina se empiece a trabajar con ese objetivo”, opinó la bióloga.

Publicada en El Litoral

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